El pasado 20 de marzo de 2024, entraron en vigor las medidas de Eficiencia digital diseñadas por el Real Decreto-Ley 6/2023, de 19 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de servicio público de Justicia, función pública, régimen local y mecenazgo. Desde esa fecha, han cambiado considerablemente las formas de relación y comunicación con la Administración (digital) de Justicia, siempre con plenas garantías (de fiabilidad): seguridad jurídica digital, acceso, autenticidad, confidencialidad, integridad, disponibilidad, trazabilidad, conservación, portabilidad e interoperabilidad de los datos, informaciones y servicios que gestiona en el ejercicio de sus funciones.