ORO Y PATRON ORO

Aunque no siempre ha sido asA , hoy existe por doquier la arraigada convicciA n de que la producciA n y el mantenimiento del orden pAA Aºblico y de la justicia son competencia exclusiva del Estado. No obstante, aunque la mayorA a del estamento acadAA A mico no cuestiona la argumentaciA n en pro del dominio del Estado en este campo, hay amplios -y crecientes- sectores de la poblaciA n que sA lo hacen. Se observa un creciente descontento frente a la administraciA n pAA Aºblica de la justicia y una tambiAA A n creciente desconfianza respecto a la eficacia del Estado para garantizar la seguridad y los derechos de los ciudadanos. En consecuencia, puede observarse una demanda cada vez mayor al sector privado de servicios que se supone son incuestionablemente competencia del Estado. El recurso al arbitraje y el florecimiento de empresas privadas de seguridad serA an dos ejemplos significativos. Todo esto indica que es hora de cuestionar la presunciA n de que la seguridad ciudadana, el orden pAA Aºblico y la justicia (en todas sus formas: mercantil, civil e incluso penal) sean servicios cuya provisiA n sea competencia del Estado. Es lo que